Movimiento Urbano Popular advierte que gentrificación y desalojos expulsan a comunidades de zonas urbanas

Movimiento Urbano Popular advierte que gentrificación y desalojos expulsan a comunidades de zonas urbanas

Integrantes del MUP demandaron concretar una Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, así como modificar la Ley de Expropiaciones para incorporar causales relacionadas con situaciones sociales o de emergencia.

Ciudad de México. Organizaciones sociales del Movimiento Urbano Popular (MUP) advirtieron que el encarecimiento de la vivienda, los desalojos y los procesos de gentrificación están desplazando cada vez más a comunidades de sus territorios, particularmente en zonas urbanas y turísticas del país.

En el marco del Día Mundial del Hábitat, que se conmemora cada año el primer lunes de octubre, señalaron que esta problemática no puede abordarse únicamente desde la construcción de viviendas, sino que debe considerar el acceso a servicios básicos, la permanencia de las comunidades, la regulación de los alquileres y la defensa de los espacios urbanos frente a la especulación inmobiliaria.

Narciso Cuevas, de la Coalición Internacional del Hábitat, puntualizó que la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, la financiarización de la vivienda, los modelos de desarrollo urbano orientados al beneficio económico, el desplazamiento climático y las desigualdades estructurales han profundizado la crisis habitacional.

En conferencia de prensa, frente al Hemiciclo a Juárez en la “Plaza Palestina Libre”, indicó que los desalojos forzosos no pueden entenderse únicamente como consecuencia de la urbanización o de las crisis climáticas. Detrás de ellos, consideró, también existen decisiones políticas que priorizan el beneficio económico por encima de la dignidad humana.

A su vez, integrantes del MUP, subrayaron que las políticas habitacionales deben garantizar una vivienda adecuada, entendida desde una perspectiva integral de derechos humanos y que contempla siete elementos internacionalmente reconocidos: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, y adecuación cultural.

También plantearon la creación de un Observatorio Ciudadano de Vivienda y Suelo, con el objetivo de vigilar y transparentar las operaciones inmobiliarias y evitar que la especulación y las malas prácticas terminen por expulsar a más habitantes de las ciudades.

Además, demandaron concretar una Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, así como modificar la Ley de Expropiaciones para incorporar causales relacionadas con situaciones sociales o de emergencia.

La organización insistió en que la defensa de la ciudad no puede limitarse a la vivienda, sino que debe proteger los espacios de trabajo, los comercios, los saberes y las prácticas populares que sostienen la vida cotidiana de los barrios y colonias.

Por ello, pidió además que los programas públicos incorporen a sectores vulnerables como adultos mayores, personas en situación de calle, mujeres, jóvenes, grupos indígenas, comunidades rurales y organizaciones que desarrollan proyectos cooperativos y comunitarios.